El litigio por la expropiación de YPF entra en una fase de máxima tensión. Los beneficiarios del fallo que condena al país a pagar US$ 16.100 millones solicitarán formalmente a la jueza Loretta Preska que declare al Estado argentino en desacato y le imponga sanciones económicas.
Puntos clave de la noticia:
- El motivo del reclamo: Los demandantes alegan que Argentina incumplió una orden judicial de «discovery» (revelación de pruebas), que obligaba al país a entregar registros de WhatsApp y mensajería privada de diversos funcionarios y exfuncionarios vinculados al caso.
- La fecha límite: El próximo jueves 15 de enero, los fondos presentarán el escrito ante el tribunal de Nueva York para activar el pedido de sanciones.
- La defensa argentina: El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, sostiene que está cumpliendo con las órdenes de manera gradual y que la mayoría de los involucrados ya colaboraron voluntariamente. El país presentará su defensa oficial el 19 de febrero.
- Estado de situación: Según especialistas, de las entregas solicitadas solo quedarían pendientes seis casos específicos. La jueza Preska deberá evaluar si existe una falta de voluntad deliberada o si las presentaciones parciales son suficientes para evitar las multas.
Por qué importa: Esta movida busca presionar financieramente a la Argentina en un momento delicado para las reservas, intentando acelerar el cobro de la millonaria sentencia por la nacionalización de la petrolera en 2012.